miércoles, 14 de octubre de 2026

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El Soberbio: avance por tierras para 31 familias rurales

Un dictamen impulsa la regularización de tierras en El Soberbio, Misiones. Familias esperan títulos; el proyecto aún requiere aprobación y relevamiento.

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Ilustración en linograbado de una vivienda rural y un galpón junto a una chacra en El Soberbio, Misiones
Ilustración editorial generada con inteligencia artificial.

El reclamo de 31 familias de Picada Mandarina, en El Soberbio, consiguió un avance en la Legislatura de Misiones: la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió dictamen favorable para regularizar dos inmuebles. La novedad, informada el 13 de octubre, acerca el proyecto al recinto. Todavía no equivale a una entrega de títulos.

La propuesta reúne iniciativas de Roque Soboczinski, Cristian Castro y la exdiputada Cristina Novoa. Prevé declarar las tierras de utilidad pública y sujetas a compraventa o expropiación, para adjudicarlas a quienes las ocupan. El destino previsto incluye vivienda familiar y, cuando corresponda, producción.

Esa segunda dimensión importa en Picada Mandarina. En una entrevista publicada por Misiones Online, el vecino Jorge Müller dijo representar a las 31 familias y describió casas, galpones, potreros y plantaciones construidos o desarrollados por los pobladores. El reclamo alcanza el lugar donde viven y también el trabajo que ya hicieron sobre esa tierra.

Del respaldo legislativo a la parcela

El proyecto contempla que el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, IPRODHA, haga un relevamiento social, habitacional y territorial. De allí deben surgir las familias que cumplen los requisitos y las condiciones de adjudicación. El número de hogares que reclama una solución no reemplaza ese relevamiento ni constituye por sí solo una nómina definitiva de beneficiarios.

El antecedente permite medir el avance. El 6 de octubre, en una entrevista con Radio Tupambaé, Soboczinski todavía esperaba un dictamen para la semana siguiente. Explicó entonces que la Provincia podría adquirir las parcelas y pagar al propietario para evitar el desalojo. El 11 de octubre, Primero Misiones recogió otra entrevista del legislador que identificaba a las 31 familias involucradas.

La comunicación de la Cámara confirma ahora el respaldo de comisión. También recoge la aclaración de Castro sobre el resarcimiento al dueño: la solución propuesta reconoce que existen derechos de propiedad que deben atenderse.

El cruce entre ese mecanismo y el relato de los pobladores muestra dónde se juega el resultado: preservar viviendas y actividad rural exige convertir el acuerdo político en una adjudicación concreta. La información consultada no permite precisar su costo, un calendario de entrega ni el efecto del dictamen sobre el expediente judicial. Tampoco se obtuvo una versión directa del propietario. Por eso, el avance legislativo puede contarse; dar por terminado el conflicto sería adelantarse a los hechos.

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