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Arauco en Misiones: tierra, fuego y un Estado dividido

En San Pedro, Misiones, 159 familias denuncian incendios y violencia ligados a tierras de Arauco, mientras Ecología avala a la forestal en otros frentes.

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Ilustración en estilo linograbado de una vivienda de madera junto a una plantación de pinos en llamas, con el monte nativo de fondo en Misiones
Ilustración editorial generada con inteligencia artificial.

El sábado 6 de septiembre, la Policía de San Pedro entró sin orden judicial a una chacra de las colonias rurales del departamento y, según la denuncia penal que la familia presentó dos días después en la Fiscalía de Instrucción Uno, disparó con armas calibre 12, tiró boca abajo a los adultos presentes y retuvo hasta la medianoche a un chico de 16 años mientras golpeaban a su padre delante de él. Fracrán Noticias contó ese episodio puntual a comienzos de septiembre. Más de un mes después, ni la Policía ni la empresa forestal Arauco, dueña de las tierras en disputa, respondieron públicamente a esa acusación ni a ninguna de las anteriores.

Ese episodio es apenas la escena más reciente de un conflicto que ya lleva más de un año sin resolución entre unas 159 familias de las colonias Puerto Argentino 1, 2 y 3, Palmera Boca y San Juan Bosco, y la forestal chilena que las familias responsabilizan por incendios de viviendas, muertes de animales, requisas de herramientas y detenciones sin orden judicial. Pero detrás de ese conflicto hiperlocal hay una historia más grande y verificable: la de una sola empresa que llegó a controlar una porción de Misiones comparable a la de varios de sus departamentos juntos, y la de una provincia que, desde el ministerio que regula el ambiente y los bosques, sigue firmando convenios y aprobando permisos con esa misma empresa mientras el ministerio que debería resolver el conflicto de tierras no logró, en dieciocho meses, ni terminar un censo oficial de las familias afectadas.

Antes de avanzar, una corrección necesaria: Arauco no es una empresa brasileña, como suele repetirse. Es un grupo forestal de origen chileno —nació en 1979 de la fusión de Celulosa Arauco y Celulosa Constitución, con sede en la ciudad de Constitución— que ingresó a la Argentina en diciembre de 1996 al comprar la firma Alto Paraná S.A., según reconstruyó el medio chileno Cooperativa.cl. Desde entonces es el mayor poseedor de tierras extranjerizadas de Misiones.

Doscientas treinta mil hectáreas en la provincia más chica

Arauco Argentina —la razón social local del grupo chileno— declara en sus propios resúmenes públicos de manejo forestal un patrimonio de alrededor de 231.900 hectáreas distribuidas en dos unidades de manejo forestal dentro de Misiones. Otras fuentes periodísticas, como Primera Edición, hablan de hasta 233.000 hectáreas, y el Observatorio de Tierras del Conicet y la UBA, citado en una nota anterior de este medio, ubicó esa cifra entre 223.000 y más de 240.000 hectáreas según el momento de la medición. Sea cual sea el número exacto, la magnitud es la misma: una sola empresa concentra casi ocho de cada diez hectáreas extranjerizadas de toda la provincia, de acuerdo con el cálculo que el Observatorio de Tierras difundió en agosto.

El caso más extremo es Puerto Libertad: de las 80.000 hectáreas que tiene ese municipio, 67.000 están bajo control de Arauco, según Primera Edición, que describió a esa localidad como "uno de los municipios más extranjerizados del país". En Iguazú, casi el 40% de la superficie rural departamental —114.406 hectáreas— está en manos extranjeras, el porcentaje más alto de los 17 departamentos misioneros, de acuerdo con los datos oficiales que el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia presentó en octubre ante el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) para defender la vigencia de la Ley de Tierras nacional.

Ese mismo informe ministerial, que este medio ya relevó en una nota anterior, reconoce que la concentración extranjera en la provincia es significativamente mayor al promedio nacional y que Arauco es, por lejos, el actor dominante detrás de esos números. Lo que el Ministerio de Ecología no mencionó en esa presentación —ni en ninguna otra comunicación pública relevada para este informe— es el conflicto de tierras que esa misma concentración generó en San Pedro, a menos de 100 kilómetros de donde opera buena parte de esa superficie.

San Pedro: una cronología de más de un año

El conflicto que hoy afecta a 159 grupos familiares no nació en 2026. Según pudo reconstruir este medio con cobertura de La Voz de Misiones, ya en abril de 2025 la Policía realizó un operativo en el Lote 112, cerca de la Ruta 16, en la colonia San Juan Bosco, calificado oficialmente como desalojo de un "asentamiento ilegal". Ese operativo destruyó viviendas precarias, secuestró motocicletas, herramientas de trabajo y un vehículo de la empresa Arauco, y terminó con la detención sin autorización judicial de dos menores de 8 y 13 años, de acuerdo con el relato de las familias recogido por ese diario. El subsecretario de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras de la provincia, Daniel Behler, prometió entonces un relevamiento de las tierras y una mesa de diálogo con Arauco. Más de un año y medio después, esa mesa todavía no se concretó.

El reclamo volvió a escalar en agosto de 2026. El 19 de ese mes, la Policía detuvo a Ángel Rivero mientras trabajaba en su chacra; los vecinos dicen que no exhibió orden judicial, mientras que una versión publicada el mismo día por un medio local describió un hecho distinto en el fondo —un hombre que habría amenazado a los policías con un machete tras ser sorprendido quemando pastizales dentro de un predio forestal—, sin que ninguna de las dos coberturas citara a la otra parte para reconstruir lo ocurrido. Un día antes, Saúl Lindao denunció que un policía lo redujo por la espalda hasta hacerlo perder el conocimiento y que, ya esposado, recibió golpes de puño y rodillazos. Esas dos detenciones se sumaron a la denuncia que representantes de entonces 123 familias habían presentado diez días antes en Posadas, responsabilizando a personal de Arauco por al menos seis viviendas incendiadas, herramientas requisadas y animales muertos o desaparecidos.

Desde el 21 de agosto, las familias mantienen un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro. César Fariña, referente de la CTA Autónoma que las acompaña, contó a La Voz de Misiones que a comienzos de septiembre un productor "salió a hacer una changa y volvió para encontrar su vivienda completamente quemada". Según el conteo de las organizaciones que acompañan el reclamo, para ese momento ya había alrededor de diez viviendas precarias totalmente incendiadas. Un relevamiento extraoficial hecho por ATE y delegados de Colonia Unida actualizó entonces la cifra a 159 grupos familiares, con más de 378 chicos en edad escolar inicial y al menos ocho personas con discapacidad severa viviendo en esas colonias sobre unas 2.300 hectáreas, según el conteo previo de la Comisión Vecinos Unidos por las Chacras.

El 6 de septiembre, cuatro campesinos fueron detenidos por efectivos del Comando Regional XIV mientras trabajaban sus tierras, pese a que días antes un tribunal había rechazado por una cuestión de forma un hábeas corpus presentado por representantes gremiales, pero confirmó en esa misma resolución que no existía ninguna orden judicial de desalojo sobre esos predios e intimó a la cúpula policial de San Pedro a abstenerse de intervenir sin una orden judicial. La Policía intervino de todos modos. Ese mismo fin de semana se produjo el episodio que abre este informe: la denuncia penal por disparos y la retención de un menor de 16 años.

Lo que se acusa y lo que, hasta ahora, no está probado

Ningún relevamiento periodístico de los consultados para este informe —incluidas coberturas de La Voz de Misiones, Primera Edición, la Agencia de Noticias Tierra Viva y Argentina Forestal— registra que una investigación independiente, judicial o pericial, haya identificado hasta ahora a los responsables concretos de los incendios de viviendas en San Pedro. Es un punto que los propios denunciantes reconocen. Fariña fue explícito al respecto en diálogo con La Voz de Misiones: "No tenemos registro de quién ha incendiado las casas, pero fue en el mismo proceso" de avance sobre las tierras. Diego Antúnez, presidente de la comisión de vecinos, fue más allá y afirmó que "el personal mismo de Arauco dijo que ellos van y queman los lugares como para que la gente no vuelva", una acusación grave que, igual que las anteriores, no cuenta con una confirmación independiente ni con una respuesta pública de la empresa.

Arauco, por su parte, sostiene una posición que tampoco entra en el detalle de esas denuncias puntuales. La empresa afirma que preserva más de 100.000 hectáreas de bosque nativo en su patrimonio misionero y que mantiene desde hace dos décadas una política de "no conversión" que impide transformar monte nativo en plantación. Sostiene además que canaliza sus reclamos de propiedad exclusivamente por vía judicial —inició en 2021 una denuncia por usurpación sobre esas tierras que, cinco años después, todavía espera resolución— y se declaró dispuesta a participar de una mesa de diálogo si la convoca el gobierno provincial. Hasta el cierre de este informe, ninguna fuente consultada registra que la compañía haya respondido, punto por punto, a las acusaciones sobre incendios, muertes de animales o participación de personal propio en los operativos policiales denunciados entre agosto y septiembre.

Dos ministerios, una sola empresa

Acá aparece la pregunta que motiva este informe: ¿qué rol jugó el Ministerio de Ecología de Misiones en todo esto? La respuesta exige una aclaración institucional que no suele hacerse en la discusión pública. La Subsecretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras —la oficina que encabeza Daniel Behler y que es, hasta ahora, la única interlocutora estatal del conflicto de San Pedro— depende del Ministerio de Gobierno de Misiones, no del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables que conduce Martín Recamán. Son dos reparticiones distintas, con responsabilidades distintas.

Ninguna búsqueda realizada para este informe encontró una declaración pública del Ministerio de Ecología sobre los incendios, las detenciones o la situación de las 159 familias de San Pedro. La actividad pública de ese ministerio vinculada al fuego en 2026 se concentró en la prevención de incendios forestales por sequía y golpes de calor —con una mesa de coordinación preventiva convocada en julio ante un "índice alto" de riesgo y la campaña "No me quemés"—, un fenómeno distinto, en su causa y su abordaje institucional, de las denuncias de incendios intencionales vinculados al conflicto de tierras.

Lo que sí hizo el Ministerio de Ecología, en el mismo período en que esas denuncias se acumulaban, fue sostener y profundizar su relación institucional con Arauco en otros frentes. En noviembre de 2024, la empresa adhirió formalmente al Programa Jurisdiccional JNR-REDD+, el mecanismo de créditos de carbono que el propio ministerio coordina junto con las carteras de Hacienda y Cambio Climático, mediante una nota dirigida al ministro de Ecología y firmada por su gerente país, Pablo Ruival, quien remarcó la "disposición colaborativa" de la empresa con las autoridades provinciales. Y el 8 de octubre de este año —un día antes de la publicación de este informe—, el ministerio otorgó a Arauco, mediante la resolución 359/2026, el aval ambiental definitivo para un proyecto de revalorización de residuos industriales en su complejo de Puerto Piray, que incluye plantas de aserrado, tableros MDF y una central de energía a biomasa, según informó el medio especializado Economis. La resolución exige a la empresa planes de manejo ambiental, informes bianuales de cumplimiento y restauración con especies nativas, pero no está vinculada ni condicionada de ningún modo al conflicto de tierras que, a 160 kilómetros de ese mismo complejo, lleva meses sin resolverse.

No hay, en la evidencia reunida para este informe, una resolución del Ministerio de Ecología que avale explícitamente las acciones denunciadas en San Pedro: eso excedería sus competencias, que son ambientales y forestales, no de tierras ni de seguridad. Pero sí hay una provincia que, desde un ministerio, sigue tramitando y aprobando normalmente los negocios ambientales de Arauco —créditos de carbono, plantas industriales, programas de paisaje productivo— mientras, desde otro ministerio, no logra destrabar hace más de un año y medio un conflicto que, según los propios denunciantes, incluye casas incendiadas, animales muertos y menores retenidos por la Policía. Es un Estado que, frente a la misma empresa, avanza con una mano y se estanca con la otra.

Lo que queda sin responder

Varias preguntas centrales de este conflicto siguen abiertas. No hay una fecha confirmada para la mesa de diálogo que las familias de San Pedro reclaman desde agosto de 2026 —y que Behler ya les había prometido, sin éxito, en abril de 2025—. No hay un censo oficial de la provincia sobre las familias afectadas: el único relevamiento disponible, el de ATE y Colonia Unida que arroja 159 grupos familiares, es extraoficial. No hay una respuesta pública de la Policía de San Pedro a la denuncia penal del 8 de septiembre ni a las acusaciones de violencia física contra adultos y un menor. Y no hay, todavía, una resolución judicial sobre la denuncia por usurpación que Arauco presentó en 2021 contra las familias que ocupan esas tierras, ni sobre la legitimidad última de la titularidad que la empresa invoca.

Existe, de hecho, un camino legal que en la misma zona ya se usó antes y que este conflicto no activó: la Ley VIII N.º 4093, de 2004, habilita a la provincia a expropiar latifundios forestales para entregarlos a las familias que los ocupan en los departamentos San Pedro, Guaraní y General Manuel Belgrano. En 2013, una cooperativa de productores logró por esa vía la expropiación de 600 hectáreas de Arauco en Puerto Piray. Ese antecedente legal sigue vigente, pero ni la provincia ni las organizaciones que acompañan a las familias de San Pedro lo mencionaron como salida posible durante este nuevo ciclo del conflicto.

Lo que sí es verificable, con la evidencia disponible hoy, es esto: una empresa forestal de origen chileno controla una porción de Misiones equivalente a buena parte de un departamento entero; un ministerio provincial mantiene con esa empresa una relación institucional activa y en expansión en materia ambiental y de créditos de carbono; y a pocos kilómetros de esos mismos negocios, 159 familias llevan más de un año denunciando incendios, detenciones y violencia sin que ningún organismo del Estado —ni Ecología, ni Gobierno, ni la Justicia— haya producido todavía una respuesta oficial, completa y verificada, a cada una de esas denuncias.

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